Noticias de América

Los dominicanos están convocados a las urnas este domingo 19 de mayo en unas elecciones generales para elegir presidente, senadores y diputados. La seguridad y el costo de vida son unos de los grandes temas que preocupan a los ciudadanos, y a ello se suma el caos de su vecino, Haití.

Haití y República Dominicana tienen una historia conflictiva que se remonta al siglo XIX durante la guerra de Colonias, pero las tensiones actuales se volvieron críticas con el colapso de la economía de Haití y la guerra de pandillas tras el devastador terremoto en 2010 que exacerbó la crisis migratoria.

Actualmente, Puerto Príncipe sigue en un estado de inestabilidad grave, lo cual preocupa considerablemente a la población dominicana, explica Nathaniel Concepción, director del Observatorio Político Dominicano: "Haití ahora mismo representa la mayor amenaza para la seguridad de la República Dominicana y República Dominicana no tiene la capacidad para poder absorber la crisis multidimensional que tiene Haití. No tenemos la capacidad para absorber esa cantidad de migrantes ni para, siendo nosotros también un país de renta media, poder asumir a un país que está en extrema pobreza, como es el caso de Haití".

Afrontar la crisis de Haití es uno de los puntos clave de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia. Leonel Fernández, quien se vuelve a presentar a la reelección tras haber sido presidente en tres ocasiones. Aboga por una política basada en la diplomacia, explica el analista: "El ex presidente Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del pueblo, tiene un enfoque de este tema que es el siguiente: Primero, que evidentemente hay que defender los intereses dominicanos, la soberanía, la integridad y ponerle a la migración el control legal que hay que ponerle. Pero el presidente Fernández entiende que como es una crisis multidimensional, República Dominicana efectivamente no la puede resolver sola y se requiere ejercer más el músculo diplomático" señaló.

Todos los candidatos presidenciales coinciden también en defender las deportaciones a Haití. Cabe recordar que en 2023 hubieron más de 250.000, así como de incrementar las medidas de seguridad en la frontera. La diferencia está en los cierres de fronteras comerciales con Puerto Príncipe, un tema en el que el actual presidente Luis Abinader ha demostrado ser más duro en el pasado y que para el politólogo ha llegado incluso a perjudicar a Santo Domingo.

Según el analista, en la situación actual, "ningún gobierno dominicano se puede plantear el tema de ser blando con las políticas migratorias, porque te digo, hay un Estado colapsado al lado. Lo que si generó un perjuicio fue el cierre de fronteras desde el punto de vista comercial. Uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana es Haití. El cierre de frontera fue en perjuicio de muchos productores o de ese comercio bilateral y el gobierno la cerró, luego tuvo que reabrir más adelante. Fue una medida que no necesariamente resultó eficaz y sí resultó perjudicial para muchos productores dominicanos de la zona" indicó Concepción.

Sea cual sea el resultado en los comicios, República Dominicana no puede resolver sola la crisis de Haití. Es por ello que todos los candidatos presidenciales reclaman una seria intervención de las Naciones Unidas, algo que para Nataniel Concepción sería beneficioso para los haitianos, los dominicanos y la comunidad internacional.

Esta semana, Perú aprobó un decreto supremo en el que define como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género. Dicha normativa, que cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y la lista de enfermedades e intervenciones asegurables. Pero al mismo tiempo, ha sembrado la polémica en todo el país, y varios grupos proderechos LGTB han alzado la voz para protestar.

Para entender a fondo la crispación del colectivo LGTB con el Gobierno de Perú, hay que entender que el Poder Ejecutivo reformó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, conocida como CIE-10. Esta es la que reconoce como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género, y la cual quedó desactualizada en 2022, con la instauración de la CIE-11 que ya no las considera enfermedades.

Fomentando la estigmatización

Para Rodrigo Flores, portavoz de Más Igualdad Perú, esto fomenta una estigmatización aún mayor del colectivo trans en el país: “Nos han llegado a la asociación diferentes denuncias y noticias de personas que están denunciando que en sus centros de trabajo, algún compañero, o en algún establecimiento les están diciendo: ‘El Estado dice que tú eres enfermo, o sea, en realidad tú sí estás mal, ¿no? Porque el Estado dice que tú estás trastornado’, o estás trastornada, o trastornade”, cuenta.

Esta medida recoge a estas identidades de género como “patologías consideradas asegurables”, por lo que podría facilitar el acceso al servicio de salud a las personas trans, las cuales tienen que lidiar con muchos problemas relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Pero para el activista, sólo abre la puerta a actos de discriminación, como las terapias de conversión.

Y abriendo la puerta a terapias de conversión

“Se abre la puerta a que puedan realizarse y validarse las prácticas y terapias de conversión. Nosotros como asociación, hemos realizado un primer estudio exploratorio, ahora estamos en el proceso de lanzar su segunda versión, donde podemos encontrar que esto ya está respaldado por la data. O sea, sí existen muchos reportes de personas que manifiestan haber sido sometidas a prácticas de conversión, muchas de ellas implicando violencia física, psicológica, tratos denigrantes, etcétera, y en muchos casos esto ocurre además siendo menores de edad”, explica Flores.

Los grupos proderechos afirman que el Ministerio de Salud debería haber consultado antes a los colectivos. De esta forma, hubieran evitado las protestas que organizaciones como Colectivo Marcha del Orgullo están organizando.

“En estos momentos venimos organizándonos y además convocando a toda la población LGBTI, de derechos humanos, para este 17 de mayo, que paradójicamente es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Entonces estamos autoconvocándonos para reaccionar frente a estas acciones del Ministerio de Salud”, dice Jorge Apolaya, representante del Colectivo Marcha del Orgullo.

Las organizaciones por los derechos LGTB tienen claro una cosa, y es que el Gobierno debe retractarse e imponer la CIE-11 cuanto antes. Mientras tanto, continuarán acudiendo a las marchas con la cabeza alta y con orgullo.

La administración Biden decidió a seis meses de las elecciones imponer más aranceles a los productos procedentes de China, en especial a aquellos de sectores estratégicos como la producción de baterías o de vehículos eléctricos. Washington asegura que su objetivo es detener la competencia desleal que genera el crecimiento de Pekín en el mercado, pero los expertos consideran que es una forma de callar las futuras críticas de los republicanos en vísperas de la contienda electoral contra el expresidente Donald Trump.

“Cuando haces tácticas como éstas, no estas compitiendo, estás haciendo trampas”:  con esta contundente frase, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba nuevas sanciones contra productos procedentes de China, en sectores estratégicos como el de los coches eléctricos y las baterías.

Biden también acusó a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores, provocando una sobreproducción que ha reventado los precios y expulsado del negocio a fabricantes de todo el mundo.

Sanciones simbólicas

Pero Graciela Chichilnisky, experta en economía internacional de la Universidad de Columbia, asegura que no es casualidad que esta medida llegue a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que Biden se verá las caras con su predecesor, el republicano Donald Trump.  

“El mercado de los vehículos es muy importante históricamente en Estados Unidos. Y los vehículos eléctricos no son una excepción. Pero yo creo que no es tan importante como el símbolo, de que Trump no tiene una política única, que no hay razón para votarlo a Trump, si uno quiere encontrar una solución en contra de China”, explica la economista.

La experta describe estas sanciones como simbólicas, debido a que están valoradas en 18 mil millones de dólares. Una cifra bastante baja si se compara con los aranceles que impuso el expresidente Donald Trump a China, de unos 300 mil millones de dólares, durante su legislatura.

Baterías de litio

Aun así, es cierto que Washington quiere detener el crecimiento de Pekín en este sector, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento del último año del gigante asiático, el mayor exportador de baterías y de litio del mundo.

“El mercado de los vehículos eléctricos depende completamente del acceso a las baterías de litio. El litio da acceso a las baterías, y las baterías dan el acceso al mercado de vehículos eléctricos. Entonces los chinos se posicionan con respecto al litio y a las baterías, al mercado de las baterías, y de esa manera en un año consiguen hacer este cambio radical sobre la importancia geográfica, digamos, del mercado de vehículos eléctricos”, subraya Graciela Chichilnisky.

La administración Biden también quiere hacer frente al dominio del gigante asiático inyectando fondos masivos en la fabricación y la investigación de semiconductores, e impulsando las inversiones verdes. Un punto clave para la experta de Columbia, que considera que la contaminación que genera la creación de baterías es el gran desafío que afrontará esta industria.

El sur de Brasil conoce nuevas crecidas de ríos y lagos esta semana. El presidente Lula da Silva suspendió una visita oficial a Chile y volverá a la zona afectada el miércoles tras reconocer que las autoridades "no estaban preparadas" para esta catástrofe. El resto de Sudamérica también padece la situación.

Las inundaciones no dan tregua en Brasil luego de las últimas lluvias que remitieron el pasado fin de semana en el estado Río Grande del Sur. Una región devastada por las aguas dese hace más de 10 días, donde centenas de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares.

Muchas necesidades

El incremento de los cauces en los ríos ha subido de nuevo y la situación se ha vuelto crítica: “Nuevamente el fin de semana estuvo con lluvias. También se ven afectadas otras ciudades que no estaban afectadas. En las ciudades más al sur, como la ciudad de Pelotas o de Río Grande, también se tuvieron que evacuar algunas residencias, algunas familias y barrios. En la Sierra Gaucha, especialmente en la ciudad de Caxias, hubo desmoronamiento de tierras, carreteras que están obstruidas por causa del mal tiempo”, comenta la doctora paraguaya Diana Cascán, residente en la ciudad más afectada, Porto Alegre.

“También ha aumentado el número de muertos”, prosigue. “Hasta el día de ayer teníamos 143, más desaparecidos, y aproximadamente 2 millones de personas afectadas por la pérdida de sus hogares. Está aumentando el número de personas dentro de los abrigos. En algunos lugares hay personas que están afectadas por lesiones de piel, mordeduras de animales. Entonces estaba necesitando vacunas antitetánicas que se estaba pidiendo a otros estados para poder ayudar. Y aún tenemos familias que están sin todos los integrantes de la familia, o sea, se encuentran los padres, pero no a los hijos. Y eso también es muy triste”, subraya.

Temporada de invierno en Uruguay

Las inundaciones han traspasado fronteras y han afectado a gran parte de la región sur sudamericana. Mientras en Argentina hay más de 500 evacuados en la ciudad de Concordia, en Uruguay la situación es mucho más crítica con cerca de 4.200 personas desalojadas. La región más afectada es la de Paysandú, como nos confirma su secretario general Fermín Fariña.

“Tenemos un contexto complejo porque el río sigue subiendo, hay previsiones de lluvia en lo que tiene que ver con la Cuenca del Alto Uruguay, y sobre todo, lo que es complejo para las familias, es que comenzamos con la temporada de invierno, con temperaturas que rondan los seis y cinco grados de sensación térmica”, detalla Fariña.

“Eso también hace difícil la situación para los niños, para las madres también, que están a cargo de sus familias, porque la situación es más compleja aún, en el lugar donde estén alojados el confort no es el mejor porque la temperatura hace bastante dificultosa la situación”, recalca.

Las previsiones meteorológicas en este punto de la región no son muy halagüeñas y de momento dificultan las tareas de ayuda y rescate. Se esperan aguaceros intensos, vientos fuertes y bajas temperaturas hasta este martes.

Con temperaturas altísimas, sequía y ausencia de lluvia, desde inicios de abril, nueve colonias de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México reciben agua contaminada con derivados de petróleo. Además de no poder cocinar ni bañarse, mucha gente se ha enfermado. El Gobierno mandó analizar el agua, pero no quiere publicar los resultados antes de que termine la investigación sobre un posible sabotaje. Nadie tendrá acceso a esa información por lo menos en tres años. Los afectados, furiosos, exigen soluciones y piden que se declare una emergencia sanitaria.

En abril, al tiempo que en la Ciudad de México las altas temperaturas rompían récord desde que se inventaron los termómetros, el agua en nueve colonias de la Alcaldía Benito Juárez llegó contaminada. Olía a gasolina, tenía una nata de aceite y espuma blanca al agitarla.

Inmediatamente los afectados dieron la voz de alarma por redes sociales y se quejaron con las autoridades locales, así como con el Sistema de Agua de la Ciudad de México, quienes tardaron en reaccionar. Los vecinos bloquearon por lo menos cuatro veces la Avenida Insurgentes para llamar la atención y ser atendidos.

El apocalíptico caos vial que ocasionaron funcionó: soldados, marinos y empleados de Protección Civil llegaron a la zona con máquinas potabilizadoras de agua, carros tanque para llenar cisternas de los edificios, cientos de garrafones con agua potable y médicos para atender los problemas de salud provocados por el agua contaminada.

Origen desconocido

Existía el temor de que hubiera gasolina o diésel en las tuberías, por el riesgo de una explosión como sucedió en Guadalajara, en abril de 1992, donde un barrio entero voló por los aires, los automóviles terminaron en las azoteas de las casas y hubo más de cien muertos.

Un ingeniero petrolero que nos pide omitir su nombre, en entrevista con RFI, afirma que, “dadas las cantidades de hidrocarburos que están mezcladas con un cuerpo de agua abundante, es totalmente imposible que se produzca una explosión o un incendio”.

El especialista en derrames petroleros opina que “dada la lejanía de los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos [Pemex], es poco probable que de ahí haya surgido una contaminación en la escala que se ha producido”, porque si hubiera sido un ducto de Pemex, la cantidad de hidrocarburos que se hubiera podido verter en un pozo de agua sería muchísimo mayor. Según él, probablemente una empresa, como una gasolinera, pudo haber tenido una trasminación hacia el pozo.

“Lo más importante es”, prosigue el experto, encontrar “la causa, el origen” de la contaminación. Mientras eso no se determine, ningún método de limpieza es válido. Recalca asimismo que lo que actualmente denuncian los vecinos afectados es que el gobierno de la Ciudad de México está usando cloro, que es muy dañino para la salud.

“Aceite degradado de la familia de los lubricantes”

“En los tres primeros días, pusimos explosímetros [un aparato que mide los compuestos volátiles] en 780 sistemas para saber si había gasolina o peligro de explosividad. Nos salió cero explosividad. Envié a mucho personal de esta Secretaría para revisar los domicilios. Al principio, hicimos pruebas con el laboratorio móvil del Sistema de Aguas de la Ciudad de México [Sacmex] que te da la cantidad de cloro, de sustancias y elementos que te garantizan que el agua es potable, sin embargo, seguíamos teniendo el olor y la capita aceitosa, de grasa en las cisternas, razón por la que buscamos laboratorios de mucha especialidad para que nos hicieran un estudio mucho más amplio, y que pudieran estudiar una mayor amplitud de sustancias que la que estábamos atendiendo en un primer momento”, nos explica por su parte la arquitecta Myriam Urzúa, jefa de Protección Civil de la Ciudad de México.

“Llegamos a la conclusión de que se trataba de un aceite degradado de la familia de los lubricantes. Desde el primer día atendimos la emergencia limpiando las cisternas con jabón Roma [jabón de ropa muy económico] que es biodegradable. Se limpiaron las paredes de cada una de las cisternas de las viviendas y después se volvieron a llenar con pipas de agua. Cerramos el pozo Alfonso XIII que fue el origen del agua contaminada. Estamos analizando constantemente el agua del pozo Alfonso XIII y otros dos pozos más. Inspeccionamos a conciencia las cajas de válvulas y en los registros. En cuanto tuvimos la certeza de que el agua es potable, comenzamos a abrir las válvulas de paso de la calle a las cisternas”, agrega.

“El laboratorio de Petróleos Mexicanos nos demostró que se trataba de una aceite degradado antiguo, es decir, que tiene una cantidad de partes por millón de azufre, en una fórmula que se utilizaba hace 40 años o más. Hoy son cinco partes por millón y las muestras tienen 1400 partes por millón”, detalla la especialista en seguridad.

Varias líneas de investigación

¿Qué podría, entonces, ser al origen esta situación? “Hay una línea de investigación que está siguiendo la Fiscalía General de la República y es por sabotaje. También estamos buscando los lugares donde hubo establecimientos muchos años atrás, que utilizaban este tipo de sustancias. Sabemos que hubo una carbonera, una panadería, una maderería y que dejaron enterrados tanques con estos químicos. Una tercera línea de investigación es Petróleos Mexicanos pues hay dos tuberías que pasan a 350 metros al norte del pozo, una con diésel y otra con gasolina. Le pedimos a Pemex una prueba de hermeticidad para asegurarnos de que el tubo está totalmente sellado y no hay fuga. Y también les pedimos que pasaran el aparato apodado ‘diablito’, para detectar si disminuye el ancho de las paredes de los ductos, que en caso positivo, significa la existencia de una toma clandestina para robo de combustible. Afortunadamente no hay ninguna”, responde Myriam Urzúa.

“Hace muchos años no existía la normatividad que tenemos hoy día. Muchos negocios tiraban sus desechos al suelo”, prosigue. “Tal vez estos contaminantes quedaron encapsulados en el subsuelo pero con los microsismos se liberaron. En esta zona hay seis epicentros de microsismos como los de diciembre pasado. Un microsismo pudo haber liberado al contaminante. El tubo del pozo está a 117 metros de profundidad y tal vez por ahí entró el contaminante. Es algo que tenemos que evaluar. Seguimos buscando el origen”, concluye la arquitecta.

Resultados negados a la población

El 8 de mayo, el portal de noticias Animal Político publicó que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) anunció que los resultados de las pruebas de laboratorio del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez estarán reservados para los próximos tres años para no interferir con la investigación de contaminación por sabotaje.

El argumento esgrimido es que: “De publicarse se puede vulnerar la conducción de la investigación; es decir, se trata de datos relacionados con los argumentos hechos valer en la denuncia correspondiente y con ello, se declare el ejercicio de la acción penal”. Además, “al exponerse la información, se expone al escrutinio público, por lo que se presta a generar interpretaciones erróneas, confusas y equívocas, ocasionando un prejuicio a las actividades de investigación en cumplimiento a las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición de la justicia”. 

Los afectados están furiosos. Exigen que se les diga la verdad, que se revele el resultado de los análisis gubernamentales, que vuelvan los médicos y que de nueva cuenta se les lleve agua potable, además de que se declare una emergencia sanitaria.

La reglamentación del trabajo sexual es un tema pendiente en varios países de América Latina. Sólo Brasil, Colombia y Uruguay lo reconocen como profesión. Esta semana, en México las trabajadoras y trabajadores sexuales lanzaron una coalición para que la ley reconozca sus actividades. Quieren seguridad social, pagar impuestos y acabar con los estigmas del oficio más antiguo del mundo.

“El sudor de nuestras nalgas es tan digno como el sudor de sus frentes, ¿no?”, dice a RFI Natalia Lane, fundadora de la Coalición Laboral Puteril, para que las leyes de México reconozcan el trabajo sexual como una profesión. 

“Nace a partir de una conversación muy íntima que tuvimos dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Si bien existen organizaciones, están enfocadas más a un propósito asistencialista. Creíamos que era muy importante defender específicamente los derechos laborales de nuestro sector”, resalta Lane. Explica que hay un marco normativo que reconoce el trabajo sexual como un trabajo, pero no existen derechos laborales específicos. 

Lane, quien además es defensora de los derechos humanos y trabajadoras, detalla que la coalición también busca que se les brinde la seguridad social, que se les tome en cuenta cuando se reformen las leyes y que se les garantice el acceso a la justicia. 

“Estamos más sujetas a las violencias institucionales por parte de la policía, por parte de los ministerios públicos, por los sistemas de salud, que no quieren hacer chequeos médicos, que te cuestionan cuántas parejas sexuales has tenido. La mayor parte de la violencia está legitimada por el Estado y también hay violencia, por supuesto parte de la familia, de la sociedad que nos revictimiza”, dice. 

“Cuando una compañera trabajadora sexual es asesinada, lo primero que se le cuestiona es por qué era trabajadora sexual, como cuando dicen que una mujer es violada porque llevaba la falda corta, o un escote pronunciado”. 

De acuerdo con Natalia Lane, el número de profesionales sexuales aumentó en México tras la pandemia de COVID-19. 

Costa Rica alerta sobre una crisis energética que se avecina, mientras que Brasil alcanza un nuevo balance de 100 muertos por las inundaciones. Los desastres climáticos van en aumento, y esto ya empezó a verse en 2023, considerado el año con más desastres naturales en el continente desde que se tiene registro.

El calentamiento del planeta ya desequilibró las estaciones del año y lo ha hecho de una manera muy violenta. En su último informe sobre los desastres naturales en América Latina, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, registró 67 episodios sucedidos en 2023, ocasionados por el episodio meteorológico del Niño y por los efectos del cambio climático. Estos dos fenómenos seguirán muy probablemente afectando a la región durante 2024. 

Rodney Martínez, representante de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe explica que “la región tiene dos factores muy importantes que influyen en su variabilidad climática. El Pacífico, por un lado, que está en una transición de lo que fue el evento del niño y que todavía sienten ciertos efectos del Niño, permite configurar la posibilidad de que tengamos una temporada de huracanes muy activa en este año y que por otro lado, conforme se vayan dando las condiciones, podamos tener la evolución de una posible. El evento frío o del fenómeno de la Niña en el Pacífico”. 

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El cambio climático también afecta la salud. Los expertos aseguran que el actual aumento de casos de dengue en sudamérica se debe a este fenómeno, pero Rodney Martínez precisa que hay otros factores a tomar en cuenta: “Esos eventos extremos definitivamente generan impacto en la salud pública, pero al estar combinados con otras condiciones como socioeconómicas del entorno, hacinamiento, nutrición”.

El representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe asegura que la información también es un desafío para combatir el cambio climático porque “También hay que trabajar a nivel institucional para tomar una acción temprana frente a la información que se entrega. Todavía eso no ocurre. Y también uno de los grandes retos que tenemos en la región es que las personas con menos recursos, las personas más vulnerables, tengan acceso a la información para comprender lo que implica todo este desafío del cambio climático y sus impactos”.

Mientras los países ricos tienen más ventajas para adaptarse a las nuevas temperaturas. Latinoamérica, África y la mayoría de los países asiáticos son vulnerables al cambio climático, pues no cuentan con las mismas tecnologías para enfrentar las consecuencias. 

La madre del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, denunció al presidente del país, Daniel Noboa, ante la Fiscalía de México por lo que calificó de “secuestro” de su hijo.

El 5 de abril las fuerzas de seguridad de Ecuador invadieron la embajada de México en Quito y se llevaron a la fuerza al exmandatario Glass creando un escándalo sin precedentes.

Al conflicto diplomático entre México y Ecuador se suma Norma Espinel, la madre del expresidente ecuatoriano Jorge Glas. Esta semana, Espinel dio a conocer que interpuso una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien acusa de secuestrar a su hijo. Dicha denuncia la hizo directamente ante las autoridades mexicanas.

Pero ¿Por qué? Su abogado, Miguel Olmedo Robles León explicó que Norma Espinel Aráuz asistió a la embajada de México en Madrid porque es víctima de persecución política y detalló a RFI las acusaciones contra Noboa. 

“Los hechos denunciados que son posiblemente constitutivos de delito son el secuestro agravado, la tortura, la desaparición forzada y la violación de los deberes de la humanidad. Estos delitos están contenidos en las leyes penales mexicanas”, indicó Olmedo.

El también abogado del expresidente Jorge Glas explicó que es posible que este caso proceda a través de las autoridades mexicanas por dos razones: porque Daniel Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado no internacional y por los convenios internacionales.

“Al existir un conflicto armado no internacional en el Ecuador, bajo el convenio cuarto de Ginebra de 1949, la Fiscalía General de la República Mexicana puede perseguir a imputados de delitos de torturas, tratos inhumanos, causación deliberada de grandes sufrimientos y detención ilegal y tiene competencia territorialmente para conocer de los delitos que se cometan dentro de las embajadas mexicanas” explicó el abogado.

De ser así, le tocaría entonces a las autoridades mexicanas decidir si consideran este caso como un crimen de guerra.

El abogado de Espinel explica ¿Por qué se refieren a crímenes de guerra?: “Porque en Ecuador está reconocido un estado de conflicto armado no internacional y esto es lo más importante, los imputados, ellos por órdenes del presidente Noboa, ingresaron a la embajada de México en el Ecuador para detener a Jorge glass. Ellos específicamente señalan que esa detención se realizó porque existe un estado de un conflicto armado no internacional en el Ecuador y que todos señalan como último responsable de la cadena causal al presidente Noboa, porque él tiene inmunidad como jefe de Estado”.

Según Olmedo, los jefes de Estado ante este régimen de graves infracciones de los convenios de Ginebra “no se pueden esconder detrás de una supuesta inmunidad por jefe de Estado porque estos son crímenes de guerra”. 

Por su parte, Ecuador considera que México violó las leyes ecuatorianas al intervenir en asuntos internos, pues no debió otorgarle asilo a Jorge Glas quien estaba condenado por corrupción.

En entrevista con RFI el politólogo y ex Defensor del Pueblo de Panamá Alfredo Castillero Hoyos dice que el presidente electo panameño José Raúl Mulino 'se ha mostrado evasivo en hacer promesas' y, al mismo tiempo, enfrenta retos enormes, entre otros, un 'déficit extraordinario, que es inédito en la historia reciente de Panamá'.
 

El abogado José Raúl Mulino se alzaba como ganador de las elecciones presidenciales de Panamá, entrando en la carrera electoral hace tan solo un par de meses, cuando reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado para postularse tras haber sido condenado por blanqueo de capitales.

Mulino es un político de largo recorrido, dice el politólogo y ex Defensor del Pueblo panameño Alfredo Castillero Hoyos:

"José Raúl Mulino está en política antes que Ricardo Martinelli, aunque es ligeramente más joven. Es un abogado dedicado en buena medida a la defensa de los servicios internacionales de Panamá, que son bien conocidos en el exterior. Mulino emerge como una figura pública desde su juventud, alrededor de los 30 años, cuando lucha contra la dictadura militar. Posteriormente, durante la transición a la democracia, ocupa el cargo de vicecanciller y luego de canciller. Es conocido por no ser especialmente ‘dilatado’ cuando habla. Es más bien de pocas palabras. También es asociado a la represión, feroz en algunos casos, que tuvo lugar durante el gobierno del presidente Martinelli. Fue un periodo duro, pero él, ese pasivo electoral, lo convierte en un activo electoral. Tras la inhabilitación del presidente Martinelli, Mulino se convierte en el candidato. Su campaña fue muy breve, tuvo escasas apariciones públicas. No participó en ningún debate. El presidente Martinelli le endosa a él su fuerza electoral, que es la minoría más grande actualmente existente entre los partidos panameños", sostiene explica  Alfredo Castillero Hoyos.

José Raúl Mulino, cuya candidatura enfrentó impugnaciones legales que casi lo dejan fuera de la carrera, tendrá que enfrentarse a varios retos.

"Mulino ha prometido poca cosa. Casi diría que ha sido evasivo en eso, me parece. Lo que ha prometido, sobre todo, es el regreso a la bonanza y la creación del ferrocarril Panamá-Chiriquí, que va hasta la frontera con Costa Rica. Al mismo tiempo, Panamá encara enormes retos. Hay un montón de retos estructurales y varios coyunturales, incluyendo el del sistema de pensiones y los problemas que, a causa del fenómeno de El Niño y el cambio climático, está enfrentando el Canal de Panamá. Otro tema son los dos años sucesivos de grandes movimientos sociales, uno de ellos contra la explotación minera en nuestro país y el hecho, entre muchos otros, de que tenemos un déficit extraordinario, sin precedentes en el pasado reciente. Este déficit va de la mano de que nuestra calificación de riesgo para los inversores ha disminuido recientemente, hace apenas unas pocas semanas. Son retos inmediatos, enormes, no solo para él, sino para cualquiera que hubiera sido el ganador de la elección de ayer", concluye Alfredo Castillero Hoyos.

Se espera que la ceremonia de toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá se lleve a cabo el próximo 1° de Julio.

Estudiantes de la UNAM e integrantes de organizaciones civiles instalaron un campamento frente a la Torre de Rectoría. Con esta acción se suman a las protestas internacionales de universidades de Estados Unidos y extendidas a diversos países de Europa y Latinoamérica. Los estudiantes de la prestigiosa universidad pública mexicana llaman al gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con Israel.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a ser escenario de la protesta estudiantil y del movimiento social. Esta vez la causa es por el pueblo gazatí, para que “se acabe la ocupación y el bombardeo”. 

Los manifestantes, tanto en Estados Unidos o Francia como en México, reclaman que la universidad corte sus relaciones con institutos y empresas israelíes. “Tiene vínculos, por ejemplo, con la Universidad hebrea de Jerusalén, y con empresas como Google, como HP, que financian el sionismo“, dijo por teléfono a RFI Name Villa de Ángel, estudiante de gestión y desarrollo intercultural en la facultad de filosofía de la UNAM. 

La Asamblea Estudiantil Interdisciplinaria aprobó cinco reclamos. "Otro punto es que México deje de colaborar con Israel. Israel ha apoyado al Estado mexicano y a la policía mexicana, también al ejército, dándoles el programa Pegasus para espiar a estudiantes”, afirma el manifestante.  

“La estrategia actual del Gobierno es no nombrar la guerra, no visibilizarla, ocultarla a nivel diplomático, a nivel de relaciones exteriores, o sea de posicionarse supuestamente quejándose, pero realmente no tomando ninguna medida seria en contra del Gobierno israelí”, agrega. 

Name también es presidente de la Asamblea Ecologista Popular, una ONG por la defensa del territorio. Ahora defiende al territorio palestino. “A mí se me arrestó por protestar en contra del genocidio palestino en Navidad”. 

El próximo domingo 5 de mayo, cerca de tres millones de ciudadanos panameños están llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Laurentino Cortizo. En vísperas de la contienda, y con una agenda marcada por varias polémicas, ¿quiénes son los candidatos con más chances de ganar?

José Raúl Mulino, la mano dura

Más allá de lo que decida la Corte Suprema sobre el candidato favorito a la Presidencia, José Raúl Mulino, Panamá sería gobernada por quien fuese la mano dura del Gobierno de Martinelli, hoy asilado en la embajada de Nicaragua para escapar a una condena de prisión por blanqueo.

“José Raúl Molino empezó a tener una vida pública en el momento de la transición a la democracia, como militante, digamos, anti régimen autoritario, al final de los años 80. Y luego transitó al Martinellismo, y fue durante el periodo de Ricardo Martinelli, primero su ministro de Gobierno y luego de Seguridad”, explica Claire Nevache, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).

“Se le recuerda bastante por ser un ministro muy de mano dura. Hubo varios muertos en protestas sociales en Panamá durante ese periodo. Personas fallecidas a manos de la policía en protestas contra hidroeléctricas, en protestas contra la venta de terrenos del Estado, y sobre todo en zonas de población indígena y de población afrodescendiente. Estaba muy cercano al Consejo de Seguridad y por lo tanto, las alegaciones de violaciones a los derechos humanos que se imputan al periodo de Ricardo Martinelli tienen una relación con su responsabilidad directa. Y por eso una parte importante de la sociedad está preocupada con la posibilidad de que pudiera ser un presidente con un estilo autoritario”, detalla.

Martín Torrijos, ¿un socialdemócrata?

Con menos de la mitad del 30% de intención de voto por Mulino, le sigue en liza Martin Torrijos, presidente del país entre 2004 y 2009, y quien abandonó al Partido Revolucionario Democrático (PRD) para postularse por el Partido Popular, de tendencia demócrata cristiana.

“Martín Torrijoses una figura muy fuerte del Partido Revolucionario Democrático, porque es el hijo de Omar Torrijos, el fundador del partido y de la doctrina del torrijismo. Fue un presidente que tuvo un relativamente buen récord en términos económicos. Fue el inicio del boom económico panameño, pero al mismo tiempo representa, digamos, ese partido que era el gran partido panameño y que es el partido que actualmente está en el Gobierno y que es muy impopular”, comenta Nevache.

“El Partido Revolucionario Democrático, PRD, teóricamente pertenece a la Internacional Socialdemócrata, pero no es un partido socialdemócrata desde hace 30 años. Es el partido que ha hecho todas las privatizaciones de los años 90, todas las reformas estructurales. Realmente es un partido de centro derecha, igual que los demás”, recalca.

Rómulo Roux, competencia por el legado de Martinelli

Codo a codo con Torrijos, se encuentra el candidato de derecha Rómulo Roux, un abogado acaudalado, delfín del expresidente Martinelli pero hoy su gran enemigo político.

“Rómulo Rouxes socio de la firma más importante de abogados de Panamá y una de las más importantes del mundo, Morgan & Morgan, que tiene entre sus actividades importantes la creación de sociedades anónimas, que es un tema por el que se cuestiona tanto a Panamá. Y también tiene una vinculación muy fuerte con la minera, que fue muy, muy cuestionada y que provocó grandes protestas el año pasado”, subraya la investigadora.

“Además, Rómulo Roux era el heredero de Ricardo Martinelli. Ha sido su ministro durante los cinco años de su presidencia. Incluso fue designado desde la cárcel en 2019 como su sucesor y la persona a quien había que votarle. Y en ese momento hubo un conflicto. Rómulo Roux se quedó con el partido, pero Ricardo Martinelli fundó otro partido. Entonces hay un poco una competencia por la herencia o el legado de Ricardo Martinelli entre Rómulo Roux y José Raúl Mulino”, agrega.

Ricardo Lombana, el outsider

El cuarto candidato presidencial es Ricardo Lombana, un outsiderque capitaliza el voto de descontento contra la clase política tradicional de Panamá, un país que nunca ha tenido un presidente de izquierda.

“Ricardo Lombana es el único que no está tan marcado por un historial partidista. Pretende al menos mostrarse como alguien que nunca ha tenido cargo político y alguien que viene a cambiar las viejas estructuras de los partidos políticos tradicionales y de la política tradicional. En 2019 ya se postuló y tuvo un bastante buen resultado porque llegó a ser tercero de la elección. Representa para algunos la renovación de la política. Es quizás más cercano a las generaciones más jóvenes, que se sienten un poco defraudadas por esas viejas estructuras partidistas”, apunta Claire Nevache.

Las elecciones panameñas son a una sola vuelta y se ganan con mayoría simple.

El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó modificar una norma constitucional para acelerar futuros cambios a la Carta Magna que pavimenta la vía al presidente, Nayib Bukele, para modificarla. Juristas, analistas y activistas la califican como un paso hacia un “esquema dictatorial”.

Esta reforma permitirá “refundar este país”, afirman los diputados oficialistas, pero los críticos sostienen que, durante su nuevo mandato, Nayib Bukele podrá cambiar la Constitución “a su antojo” y “sin contrapeso”. “Lo que va a suceder es que a las necesidades y conveniencias y tiempo de Bukele, pues van a ir ordenándole algunas reformas”, comenta el constitucionalista Enrique Anaya.

Según él, la reforma aprobada viola la Constitución y es antidemocrática: “Creo que el riesgo es que una mayoría política, que es meramente coyuntural y como tal provisional, va a poder modificar todas las reglas de una Constitución. Entonces va a poder, bien es cierto, refundar el país, pero no creo yo que esa refundación sea buenas noticias”.

Una misma legislatura

Por ser un país unicameral, la Constitución, vigente desde 1983, estipula que toda enmienda debe ser avalada en un segundo periodo legislativo. Con la reforma aprobada por el Congreso de mayoría oficialista al artículo 248, la Asamblea puede modificar la Constitución de manera inmediata, sin necesidad de que dichos cambios sean ratificados por la siguiente legislatura.

“A efectos prácticos, la Constitución salvadoreña se puede modificar en una mañana porque como va a ser la misma legislatura, puede hacer que a las 10 de la mañana aprueben la reforma y los mismos diputados a las 11 la ratifican. Por lo tanto, digamos, no va a haber oportunidades, ni debates, ni nada para las reformas constitucionales”, subraya Anaya.

“Eso prácticamente es casi inédito en cualquier país democrático. No es que vayan a emitir, digamos, directamente y de inmediato una nueva Constitución, sino que se van a ir haciendo reformas, no en beneficio de la población, se van a ir haciendo reformas a conveniencia del Gobierno”, agrega el constitucionalista. Y, enfatiza, “sin que la gente se pueda pronunciar sobre eso, por supuesto que es una decisión autoritaria”.

Una asamblea constituyente que no dice su nombre

Las dos legislaturas existen en El salvador para permitir que las reformas aprobadas por la primera sean debatidas públicamente por el pueblo durante el periodo que precede a la elección de la segunda legislatura.

“Implícitamente, los resultados de las elecciones en la integración de la segunda legislatura, habría un carácter refrendario de esa elección. Eso desaparece. Entonces, este cambio es que, a efectos prácticos, están creando una asamblea constituyente, aunque no tenga ese nombre. Y los salvadoreños, el 3 de marzo de este año no votamos por una asamblea constituyente, votamos por una Asamblea Legislativa que no podía ella misma cambiar la Constitución”, lamenta Anaya.

El proyecto ultra liberal del presidente Javier Milei dio un primer paso este martes con la aprobación de los diputados a sus reformas para desregular la economía argentina. Cuatro compañías públicas quedaron en la categoría de "privatización total": Aerolíneas Argentinas, Enarsa que realiza estudios, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, Radio y Televisión e Intercargo, empresa estatal que brinda los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos.

La privatización de las empresas públicas en Argentina parece una serie de televisión que se reencaucha. Remontemonos a la década de los años 80 cuando “Argentina tenía empresas públicas en absolutamente todos los sectores y no solamente como proveedoras de bienes públicos o de bienes estratégicos”, recuerda Eva Sacco, economista y directora del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES. También recuerda que la mayoría de esas empresas del Estado fueron privatizadas al asumir Carlos Menem el poder en julio de 1989. Un mes después, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Estado con la que empezó el desguace de las empresas públicas. 

El presidente Menen ordenó privatizar los dos canales estatales de televisión y luego se vendieron Aerolíneas Argentinas y casi la totalidad de las compañías estatales, al menos una decena de esas empresas son las que hoy pretende volver a privatizar el gobierno del presidente Javier Milei. 

“La gran mayoría de estas empresas de las que hablamos se habían privatizado o se habían concesionado en los años 90 y volvieron a manos del Estado, porque justamente el sector privado las estaba administrando de una manera, en la que estaban generando, en general, un perjuicio al país. Por ejemplo, Aerolíneas Argentina había disminuido muchísimo las regiones que estaba conectando y se había quedado solamente con los destinos más comerciales”, evoca Sacco. 

Ese proceso de estatización de las empresas privatizadas durante la era Menem arrancó cuando Eduardo Duhalde fue elegido presidente en 2002 y continuó con su sucesor, el peronista Néstor Kirchner. 

“No fue ni siquiera la mitad. Fue un porcentaje pequeño de empresas que volvieron a la órbita del Estado. Empresas que eran o muy sensibles porque estaban en cuestiones muy claves de la economía, como la provisión de energía, o eran empresas que habían roto los contratos de una manera muy, muy flagrante. Entonces, no es que Argentina ahora tiene una gran cantidad de empresas públicas y son empresas públicas que volvieron a ser públicas o volvieron a manos del control del Estado, justamente porque el mercado ya había demostrado que no podía hacerse cargo”, analiza Eva Sacco. 

Los economistas coinciden en que el mayor impacto del proyecto privatizador de Milei estará en la prestación del servicio, como lo explica la economista Sacco: “El Estado tiene muchas menos empresas, pero no tiene empresas ineficientes como tenía en la década de los 90. Más allá de que su función no es ganar, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Se quedan solamente con la parte del negocio que les es redituable y la parte que no es redituable la dejan, por lo tanto van a volver a quedar pueblos fantasmas. Eso pasó por la privatización de los trenes en los 90, que hubo pueblos que quedaron incomunicados en un país tan grande como Argentina. Aerolíneas Argentinas comunica todo el país, entonces es costoso para muchas provincias que no tienen llegada de aerolíneas que no son argentinas, que pierdan la conectividad”. 

Otro efecto se verá en los precios

Eva Sacco, economista y directora del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES expresa que “las empresas privadas tienen otra lógica que es distinta a la lógica del bien público y se enfocan exclusivamente en la parte del negocio. El privado lo que hace es aumentar el precio excesivamente. Por más que haya marcos regulatorios, que los marcos regulatorios también son marcos regulatorios heredados de la década de los 90 y bastante malos, siempre el sector privado termina encontrando la vuelta como para eludir ese marco regulatorio y aumentar los precios. Realmente uno no entiende la razón por la cual la quieren privatizar, que no sea puramente la cuestión ideológica, pero sin realmente ponerse a analizar los balances, los indicadores. O sea, hay una cuestión ideológica de que el Estado es malo y el Estado se tiene que correr de todo o de todo lo que se pueda escuchar”.

Tres días después de que se descubriese el triple homicidio de los carabineros en Cañete, al sur de Chile, las principales líneas investigativas apuntan al crimen organizado debido al modus operandi de los asesinatos que distan notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural acontecidos en la misma zona del país.

Los policías fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil en la madrugada del 27 de abril. Los reportes oficiales describen que los perpetradores del crimen abrieron fuego en contra de la patrulla, donde se encontraban los policías, antes de prenderle fuego a la unidad con los agentes dentro. Un grupo armado preparó la emboscada a la camioneta en que los uniformados acudieron a tres llamados falsos de emergencia, según informa La Tercera. 

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Sisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid.“Estamos bastante afectados los que hemos sido parte de la familia de carabineros”, dice Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de Seguridad y ex general subdirector de Carabineros en Chile.

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A poco más de 48 horas desde que se descubrió el homicidio de los tres carabineros en Cañete, en el sur de Chile, las principales hipótesis apuntan a que el crimen estaría vinculado con el crimen organizado, Debido al modus operandi de los asesinatos, que distan notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural acontecidos en la misma zona del país.

RFI.La investigación es secreta durante 40 días, pero ahí está esa pista que nos deja ese crimen organizado. Lo que se especula ahora es con el móvil de este hecho. ¿Es difícil tener alguna hipótesis del por qué?

Díaz.Una de ellas tiene que ver con Héctor Llaitul -actualmente condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad- él hace parte de una organización criminal que operaba en el sector y que había generado muchos atentados en el pasado en Chile. Pero, resulta que estas células denominadas resistencia territoriales de esos sectores no están relacionados con la CAM (Coordinadora Arauco Malleco, fundada por Llaitul), incluso tienen diferencias con la CAM. Estos grupos de resistencia son formados y nacieron al alero de hijos de grandes dirigentes o dirigentes del pasado y que no obedecieron porque notaron que, en el tráfico de droga, en la extorsión, en las amenazas, en el contrabando de madera, se lucraban mejor. Se independizaron y hoy día esos grupos se dedican a estos y otros delitos por lo que es probable es que hayan participado en este atentado.

Le preguntamos a usted como carabinero, ¿el hecho de que este triple crimen se haya perpetrado el día del 97° aniversario de los Carabineros obedece a que no fuese casual?

Esa también es una hipótesis que han levantado seguramente los investigadores y también se ha hecho saber por parte del Ministerio Público en las primeras horas. Yo no lo afirmaría. Si bien es un atentado muy bien planificado por parte de estos delincuentes, lógicamente vamos una vez que ya esté esclarecido, y puede que haya una coincidencia así, puede que también haya sido planificado con este mensaje. Sin embargo, lo que toma fuerza es la hipótesis de que este atentado se hizo por la condena y la lectura en los próximos días de la sentencia de Héctor Llaitul, el líder de la CAM.

¿Este crimen triple crimen lo podemos catalogar de inédito por sus características en Chile?  

Hay una cantidad de carabineros lesionados en los últimos 30 años. Creo que son 180 lesionados por armas de fuego y hay una docena de carabineros asesinados en la zona. Pero esto, lógicamente, esto marca un antes y un después. Esto es algo que no habíamos visto. Recuerdo hace un par de años atrás donde se encontró un vehículo con cargado con dinamita y que, si los carabineros hubieran llegado a contactar ese vehículo y proceder tras un supuesto llamado que había en esa ocasión, iba a volar un puente con los carabineros encima. Entonces, si bien se han venido haciendo una serie de atentados, este en sí tiene particularidades que nos son del perfil criminológico de los delincuentes que operan en el sector o en ese territorio.

Un éxodo que más de 500 millones de dólares al año, estima la Organización Internacional para las Migraciones. El informe publicado por la OIM subraya que en 2023 se proyecta un potencial aumento que alcanzará la cifra de 804,3 millones de dólares con la total regularización de venezolanos. RFI ha podido conversar al respecto con Catalina Arenas Ortiz. gerente de Migración de la consultora Social Equilibrium SDC

El éxodo de venezolanos que ha huido de la pobreza y la represión del régimen chavista se ha traducido porla instalación de millones de migrantes en otros países latinoamericanos, principalmente en la vecina Colombia,donde viven unos 3 millones de venezolanos. Esta presencia ha dejado más de 500 millones de dólares al año,estima la Organización Internacional para las Migraciones. El informe se basa en la contribución al país de acogida a través de impuestos directos indirectos y la dinamización de la economía por consumo.

El documento publicado por esta organización fue elaborado por la consultora de investigación Social Equilibrium SDC.Catalina Arenas Ortiz. gerente de Migración de la consultora explica en RFI:"Lo que sí podemos saber acá es específicamente cuánto es ese desarrollo. Entonces poder acceder a la cifra y tener como resultado saber que son 530 millones de dólares, pues nos da ya un número con el que podemos trabajar y con el que podemos saber especifica que estamos ganando".

La experta aclara en RFI que estarían "hablando de si realmente el dinero que estamos invirtiendo, si cruza y nos da un saldo positivo o si realmente lo que le está pasando al país es que está invirtiendo más recursos del que está percibiendo de retorno. Y allí también encontramos que efectivamente para el caso colombiano y teniendo en cuenta las variables de estudio, que en este caso específicamente serían la asignación directa para salud y para educación, cuando uno hace el ejercicio de resta le da que bajo ningún punto de vista Colombia está dejando de percibir dinero, al contrario, ese saldo es positivo."

El informe publicado por la OIM subraya además que en 2023 se proyecta un potencial aumento que alcanzará la cifra de 804,3 millones de dólares con la total regularización de venezolanos. Catalina Arenas Ortiz asegura que el saldo positivo para la economía de Colombia no es un fenómeno aislado. "Tenemos este mismo estudio en Perú, en Ecuador, Chile, Aruba, Costa Rica, Panamá y República Dominicana y en todos sigue siendo el saldo positivo. No hemos encontrado el primer caso, incluso el de Perú fue en pandemia durante los confinamientos y el saldo seguía siendo positivo", sentencia.

La OIM destaca el caso de Panamá, donde emprendedores venezolanos han invertido más de 1.800.000.000 de dólares en la última década, creando unos 40.000 puestos de trabajo.

Diego Da Rin, investigador del International Crisis Group, estima que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no tendrá un ‘impacto directo en la violencia’, pero a pesar de todo constituye ‘una de las pocas razones para ser optimistas’ sobre la grave situación de violencia en Haití a causa de las pandillas.
 

Los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición asumieron durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. El Consejo está conformado por representantes de los principales partidos políticos de la sociedad civil y el sector privado. Su primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert, dejó en claro las prioridades: conducir el país a la paz y la recuperación económica.

Esto es un gran desafío en un país cuya capital es la más pobre de América y está tomada en un 80% por las pandillas. Unos 95.000 habitantes tuvieron que huir. Haití es un país asolado por la violencia de las pandillas, que entre enero y marzo causó más de 2.500 muertos y heridos.

Una de las primeras tareas del Consejo Presidencial de Transición es lograr un consenso para nombrar a otro Primer ministro y organizar elecciones para ceder el poder en febrero de 2026. En este frente, sin embargo, Diego Da Rin, miembro del International Crisis Group, se muestra escéptico.

"Es claro que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no va a tener un impacto directo en la situación de seguridad que se ha venido deteriorando a pasos agigantados desde finales de febrero. Pero este hecho sigue siendo quizás una de las pocas razones para ser optimistas en este momento en Haití. Al crear una nueva administración, un nuevo gobierno viable y funcional, se van a poder retomar las negociaciones con los socios internacionales de Haití para acelerar el envío de una misión de seguridad, la cual fue autorizada por el Consejo de Seguridad", sostiene Da Rin.

Para este especialista en Haití de ese grupo de reflexión, "hay en este momento muchas necesidades en el terreno porque la policía está completamente desbordada por la capacidad de fuego que tienen las pandillas. Coaliciones que antes eran rivales se han unido y ahora están combatiendo juntas para poner al Estado de rodillas", subraya.

Según el Consejo Presidencial de Transición, Haití está "secuestrada" por las pandillas que violan, raptan, matan e imponen su ley. Además, después de haberse unido, su poderío es tal que pretenden decidir en la nueva organización política del país. Para Da Rin, sin embargo, las pandillas no tienen interés en ejercer un control total del país.

"Las pandillas no quieren una situación de caos total porque perderían ciertas fuentes de financiación, por ejemplo, la extorsión de grandes empresas de puertos. Tampoco quieren tomar completamente el poder, aunque saben que podrían hacerlo, porque no podrían mantenerlo. Para mantener el poder en Haití se necesita el apoyo de la comunidad internacional. Las pandillas lo que quieren es tener una silla en la mesa de negociación para que su voz sea escuchada por los que están negociando la nueva forma de gobierno de transición y que ellos puedan cooptar de alguna manera algunas agencias del Estado para sacar recursos de ellas, para poder garantizar la impunidad de sus actividades y eventualmente asegurar una posible amnistía", concluye.

En Venezuela, dos meses después de su expulsión por parte del régimen de Nicolás Maduro, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) podría volver a operar en el país. Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. El 15 febrero, fue expulsada tras expresar "profunda preocupación" por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Una influencia limitada

El Gobierno venezolano acusó además a la oficina de la ONU de "convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas". Por lo pronto se ignora cuándo reabriría en Caracas, pero, ¿de qué serviría su reapertura en este momento?

“Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo, particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen”, explica a RFI Gonzalo Himiob Santomé, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal.

“Sin embargo”, prosigue, “no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye por supuesto muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos”.

Persecución política

Foro Penal ha contabilizado 269 “presos políticos” hoy en Venezuela. “Se ha intensificado la persecución contra factores políticos de oposición. Recordemos que tenemos en este momento a seis activistas de uno de los principales partidos opositores, que es Vente Venezuela, el partido María Corina Machado, presos. Tenemos al activista Carlos Julio Rojas, privado arbitrariamente de su libertad. Vemos que se ha ilegalizado arbitrariamente a partidos o a figuras políticas para no poder participar en los procesos electorales”, detalla Gonzalo Himiob Santomé.

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, está “por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, o el caso de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, que están en este momento presos”, añade.

El director de Foro Penal se dice particularmente preocupado por las nuevas leyes para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como una difusa ley para castigar “el fascismo”, un término con el que el régimen se refiere a opositores y críticos.

En Argentina, este lunes el Ministerio de Justicia anunció que auditará a víctimas de la dictadura, la de 1976-1983. Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza este Ministerio, asegura que se contabilizan "más de 100 casos" sospechosos de haber recibido unos 150.000 dólares y por ello se revisarán "todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”. 

Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de Argentina, precisó este lunes en cadena nacional por qué decidió detener ciertas indemnizaciones de víctimas de la dictadura, extremadamente abusivas, a su juicio. “Descubrimos distintos juicios de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos formularios”, aseguró.

Transmitido en el medio La Nación, el ministro se atribuyó esta acción como un acto de justicia en nombre del nuevo gobierno. Pero Mariano Cúneo nunca mencionó que esto no es nada nuevo, que gobiernos anteriores ya tenían registros de intentos de fraude de supuestas víctimas e incluso que habían sido castigados.

“Lo que anunció el ministro tiene que ver justamente con una investigación que realizó la gestión anterior, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando estaba a cargo de Horacio Pietragalla. Un expediente en el cual una persona que pretendía estafar al Estado cobrando una indemnización y justamente lo que hizo Horacio Pietragalla fue evitar que eso sucediera. Por lo tanto, lo que está diciendo el ministro es una falsedad. Lo que en realidad está haciendo es ni más ni menos que evitar que el Estado gestione como Estado y hoy por hoy lo están logrando”, aseguró el abogado Rodolfo Yanzón, quien lleva casos de víctimas de la dictadura. 

El abogado Yanzón, que tiene una larga trayectoria en Derechos Humanos, destacó que Mariano Cúneo es conocido por haber defendido a represores. 

Desde la campaña electoral, el equipo de Milei se caracterizó por un discurso negacionista que se materializa con este tipo de acciones. Un claro ejemplo de ello son los comentarios de Victoria Villarruel, la Vicepresidenta argentina quien este martes publicó en sus redes sociales que se debe Auditar al ‘curro’, la estafa de los derechos humanos que sirven, según ella, para fines políticos. 

Un discurso que preocupa al abogado argentino Fabián Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Parece haberse roto un consenso que fue el más valioso en la sociedad argentina desde la recuperación de la democracia y era un acuerdo generalizado en el repudio de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y esto es muy peligroso, porque reivindicar esos hechos marca también la reivindicación de la intolerancia y puede contribuir a que en la sociedad no exista el lógico clima de concordia democrática que debe reinar más allá de las distintas posturas políticas que cada quien tiene derecho a tener”, dijo Salviolli.

Hace poco, las organizaciones México Evalúa, Data Cívica y el medio de comunicación Animal Político, publicaron el informe “Votar entre balas” que arroja datos detallados de lo que llaman la violencia político-criminal en México. Una investigación que va más allá de las agresiones en periodos electorales.

El informe titulado “Votar entre balas“, elaborado conjuntamente por las organizaciones Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, muestra que desde el comienzo formal del proceso electoral -en septiembre del año pasado- 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio.

“Afectar el proceso municipal de las elecciones”

Una cifra que aumentó el pasado fin de semana a 25 fallecidos tras los asesinatos de Noé Ramos, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, y Alberto Antonio García, candidato de Morena para la alcaldía de San José Independencia, Oaxaca.

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Este informe aterrador va más allá de las agresiones a candidatos y contabiliza la violencia experimentada en personas que participan en la política de manera amplia, como funcionarios y familiares.

“Hasta el 13 de abril, contabilizamos 39 personas precandidatas y candidatas atacadas, de las cuales 19 fueron asesinadas, 10 sufrieron ataques armados, seis fueron secuestradas y cuatro recibieron amenazas con consecuencias tangibles. Si nos vamos de cuando inició el proceso electoral, que fue en septiembre de 2023, pues ahí contabilizamos cerca de 328 víctimas de manera amplia, tanto precandidatos, candidatos como funcionarios de los ayuntamientos y fuerzas del orden civil”, detalla para RFI Celine González, investigadora del Programa de Seguridad en el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa.

“De tres meses acá, de enero a marzo, lo que hemos contabilizado es 145 víctimas, el 77% de las víctimas se encuentran a nivel municipal, lo cual nos dice que la violencia político-criminal que estamos investigando es muy selectiva y busca afectar justamente el proceso municipal de las elecciones”, subraya.

“Proteger los intereses de estos grupos criminales”

El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia de México superando en violencia y asesinatos al de 2018. “En 2018 pasó esto y se redujo al año siguiente. En 2021 pasó exactamente lo mismo, pero lo que observamos es que después no se redujo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años en México? Pues hemos tenido procesos electorales en años no concurrentes con la elección presidencial, y eso también tiene un efecto sobre cómo los grupos criminales buscan afectar estos procesos electorales, aunque sean mucho más pequeños y no concurrentes con la elección presidencial”, explica González.

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“¿Qué buscan los grupos criminales con esto? Pues justamente proteger territorios y mismo imponer a veces hasta candidatas y candidatos en ciertos municipios para que protejan los intereses de estos grupos criminales. Entonces sí es esperable que el 2 de junio tengamos un aumento sustantivo de estos picos de violencia que hemos observado en otras elecciones.

Guerrero y Michoacán son las entidades con más casos de violencia política en México, seguidos por los estados de Puebla, Chiapas y Morelos, además de los estados fronterizos del sur y del norte del país.

Bogotá sigue enfrentando su desafío hídrico. Tras la agudización del fenómeno de El Niño, y a pesar de las recientes lluvias, los niveles en los embalses que abastecen de agua a la capital siguen siendo preocupantes.

Durante la última semana, Bogotá ha enfrentado una situación alarmante en términos hídricos. La sequía prolongada y los récords de calor registrados en el país en lo corrido del año tienen en alerta a los embalses, que están solo a unos puntos de alcanzar el nivel crítico.

María del Mar Vásquez, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en Bogotá, explica a RFI la falta de lluvias: "Lo que llevamos del mes de abril en general en el país hemos presenciado una disminución de volúmenes de lluvia respecto al promedio mensual multianual y esto se ha debido fundamentalmente a la dinámica atmosférica, caracterizada por vientos moderados del este y noreste, que ha disipado la nubosidad dejando cielos entre ligera y parcialmente nublados, especialmente sobre la parte centro y norte del país donde se encuentra la capital Bogotá".

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"Esto sumado también a la dinámica generada en alguna medida por la condición calidad de El Niño que se ha presentado desde finales de El año pasado y continuamos con estas condiciones y esta dinámica, pues también favorece la inhibición de las lluvias", prosigue la experta.

En Colombia, el Fenómeno del Niño suele estar asociado con periodos de sequía prolongada, un patrón climático natural que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical,  que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano.

"El fenómeno El Niño en realidad es una de las fases de El Niño-Oscilación del Sur. Esto es una circulación que se genera en el centro del Pacífico. Normalmente tenemos vientos que vienen del este. Sin embargo, cuando se presenta un fenómeno de El Niño, estos vientos se debilitan y hacen que el océano Pacífico se caliente", responde a RFI Mar Vásquez.

"Estos cambios de temperatura, cambios en la circulación de los vientos, hacen que se cambien las dinámicas de circulación de vientos también a nivel local en nuestro país, lo que para nuestro país significa en este caso que haya una disminución de las lluvias de manera generalizada", concluye.

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Aunque las lluvias han aumentado en los últimos días, la primavera durará poco, un periodo aún insuficiente para devolverle el agua a la capital.

Este domingo 21 de abril los ecuatorianos votarán en un referendo y una consulta popular para reformar algunos puntos de la Constitución y aprobar propuestas del Gobierno de Daniel Noboa. Entre ellas, todo un paquete de medidas de seguridad, que prevén una mayor militarización del país para combatir la crisis de violencia.

Para los ecuatorianos, es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad. “Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un Gobierno que, como sabemos, va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente, otra vez”, comenta Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

“La magnitud de la violencia sigue siendo importante”

“La primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional. Esto específicamente para combatir el crimen organizado. Es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días, y se puede renovar por 30 días más. También, si se habla más específicamente del papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas, por ejemplo, en realizar controles permanentes en las rutas, además de en los centros de rehabilitación social, este papel más específico ya no tiene este límite de tiempo”, detalla la docente.

En cuanto al componente de justicia, “hay algunos cambios normativos, como el tema de la extradición y el endurecimiento de penas para ciertos delitos como terrorismo, tráfico, narcotráfico, asesinatos, sicariato, trata de personas, tráfico de armas”, agrega. 

“Recientemente se terminó este estado de excepción. La magnitud de la violencia sigue siendo importante. El estado de excepción produjo algunos resultados, sobre todo en el control del sistema penitenciario. Y hacia esto es hacia donde están apuntando desde el Gobierno con esta consulta”, subraya Espín.

“Un sistema muy represivo”

Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación. Este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en dos meses en Ecuador. Pero la política de seguridad del Gobierno también genera temores. 

“Es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal, pero no en la rehabilitación social, que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario. Si hay una respuesta favorable, hay ciertas preguntas. Por ejemplo, con el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, es un apoyo que cumple ciertos plazos, que va a tener que estar determinado por un informe que respalde la pertinencia, que haya un uso progresivo de la fuerza y tiene que existir un marco normativo que lo regule”, analiza Johanna Espín.

“Es algo bastante nuevo, no es algo que se veía antes, por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad. Porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción, más bien había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas. Si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública, es necesario formarles en eso”, concluye la docente.

Estados Unidos renueva sus sanciones petroleras contra Venezuela, al considerar que el presidente Nicolás Maduro no ha respetado los compromisos electorales firmados el año pasado en Barbados para organizar elecciones libres.

Se vence este jueves la llamada Licencia 44 con la que Washington había aliviado las sanciones al petróleo y al gas venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) confirmó in extremis que no la renovará, reintroduciendo restricciones contra Caracas.  

“Se sabe que siguen conversando”

La administración Biden explicó que se debe a los incumplimientos del Gobierno de Nicolás Maduro respecto al Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales y derechos políticos, en especial con la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición.

“Va a tener un impacto en los ingresos, y también va a tener un impacto a mediano largo plazo, porque obviamente en estas circunstancias es muy difícil atraer las inversiones que necesita Venezuela para recuperar su industria petrolera. El Gobierno de Estados Unidos está muy decepcionado con la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Maduro con los términos del Acuerdo de Barbados de octubre del año pasado, que supuestamente iba a garantizar por lo menos condiciones mínimas para una elección competitiva en julio de este año”, explica Phil Gunson, del Crisis Group en Venezuela.

“Pero las negociaciones continúan”, subraya el analista: “En estos días ha habido un encuentro directo entre oficiales funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de Venezuela. No produjo ningún resultado positivo hasta ahora, pero por lo menos se sabe que siguen conversando”.

En efecto, con esta medida, Washington no cierra la puerta al diálogo. El fin de la Licencia 44 no va a sacar de Venezuela a las petroleras europeas y estadounidenses, y mucho menos a Chevron, que opera de nuevo desde 2022 en el país. Las licencias privadas se evaluarán caso por caso.

Efectos indeseados

Para Estados Unidos, restablecer plenamente las sanciones hubiera tenido un efecto indeseado a siete meses de las elecciones. Entre otras cosas, analistas liberales dicen que la decisión perjudica la economía venezolana y podría terminar impulsando aún más la migración de venezolanos.

“Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales de renovación de las sanciones o el fin del alivio de esas sanciones, sobre todo en materia de migración. Porque en la medida en que la economía venezolana siga en problemas, y aquí a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento la crisis humanitaria es muy grave, eso evidentemente empuja la migración, parte de la cual termina llegando a las fronteras de Estados Unidos y causando problemas políticos para el Gobierno”, señala Phil Gunson.

“Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etc.”, recalca el analista.

Las sanciones vienen en un momento en el que Venezuela produce la mayor cantidad de petróleo desde el 2020, y después de que en febrero Washington dejara expirar la licencia para la venta y exportación del oro venezolano.

Ecuador ha vivido una semana de apagones y está sumido en una crisis energética agravada por la sequía, en un país que depende casi exclusivamente de fuentes hidroeléctricas, inclusive provenientes de Colombia. El presidente Daniel Noboa ha pedido la renuncia de su ministra de Energía este martes y declara el estado de emergencia eléctrica. Agregó que se ha abierto una investigación por sabotaje, pero las causas de esta crisis no son tan sencillas.

Casi el 80% de la electricidad que consume Ecuador es de origen hidroeléctrico y no solo de represas ecuatorianas, sino también colombianas. Ambos países atraviesan una intensa sequía y esta semana Bogotá anunció a Quito que dejará de exportar la energía. 

“Primero experimentan una periodo relativamente seco de bajas precipitaciones durante enero, febrero y marzo, que coincide con el fenómeno del niño, que lo que hace es intensificar la sequía. Quizás son los niveles más bajos que tenemos de reservas hídricas en los embalses en los últimos 40 años”, explica Erasmo Rodríguez, hidrólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

Los embalses colombianos funcionan en un 29% de su capacidad, Cerca del nivel "crítico" que es del 27%. Para no llegar a los apagones, ya hay racionamiento de agua, por lo menos en Bogotá, capital con 10 millones de habitantes. 

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Según Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Quito, los apagones y el racionamiento en Ecuador no tienen como simple causa el fenómeno del niño, considera que el sector eléctrico en Ecuador ha sido descuidado, al no tomarse las medidas necesarias para que funcione correctamente, sin la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. En 2018, la generación de energía hidroeléctrica alcanzó el porcentaje más alto en Ecuador. 

“Por otro lado, se contaba con la energía desde Colombia, se estaba pagando más o menos 20 millones de dólares semanales, por eso es que también nosotros hemos reclamado que el Ministerio de Energía debe volver a ser un ministerio independiente y tomar las medidas que deben tomarse”, concluye Acuña.

En un comunicado, el Colegio de Ingenieros Eléctricos denuncia cierta opacidad sobre los recursos que Ecuador ha gastado comprando energía a Colombia, al detrimento de fuentes renovables que solo representan el 2% de su producción.